El Periodo de las Transformaciones Liberales y Sociales
El llamado progresismo terminó con el doctor Luis Cordero, distinguida personalidad ecuatoriana, pero que desgraciadamente se vio envuelto por el escándalo de la llamada Venta de la Bandera , lo que levantó al pueblo ecuatoriano contra el gobierno, facilitando el triunfo de la revolución liberal encabezada por don Eloy Alfaro, movimiento que se hizo en la ciudad de Guayaquil el 5 de junio de 1895.
El triunfador convocó a una nueva Asamblea y ésta se reunió en las ciudades de Guayaquil y Quito, inaugurándose la primera, el 9 de octubre de 1896. Estuvo presidida por el doctor Manuel Benigno Cueva, duró hasta junio 14 de 1897 y expidió la Constitución en enero 14 de 1897, siendo la undécima carta fundamental. Entre otros estuvieron presentes Gonzalo S. Córdova, Feliciano López, quien fue descalificado de su calidad de Senador, Abelardo Moncayo, José Peralta, Leonidas Plaza y Emilio Terán, personalidades que ocuparon la primera magistratura del país en años futuros o que influyeron notablemente en la política y en el gobierno del principio del siglo XX.
En esta Asamblea se tramitó la acusación contra el ex Presidente Luis Cordero y sus Ministros de Hacienda y de Guerra, Alejandro Cárdenas y José María Sarasti, por la venta del barco Esmeraldas, más conocido como la "Venta de la Bandera", caso que concluyó el 7 de junio de 1897 al aprobar que la Corte Suprema de Justicia asuma el enjuiciamiento por el presunto ilícito, el mismo que finaliza el 24 de octubre de 1898, cuando la Corte aprobó el auto de sobreseimiento definitivo a favor de los señores Cordero y Cárdenas.
La Constitución promulgada por esta Asamblea no es muy distinta a las anteriores y las diferencias no demuestran en forma totalmente clara que ella es fruto de una transformación política tan onda como realmente fue la revolución encabezada por el Viejo Luchador. Si bien la religión católica es la protegida del Estado, establece la posibilidad de otros cultos siempre que no atenten contra la moral; la libertad de enseñar es similar a la contenida en la Constitución de 1884; y, la abolición de la pena de muerte, que ya en otras Constituciones lo suprimían para los delitos puramente políticos..
La Asamblea dicta una serie de normas legales referentes a la educación; también se reforma el Código Penal para ponerlo de acuerdo a la Constitución ; dicta una nueva Ley de División Territorial, que es la base de la actual División Territorial, pues no se ha expedido otra ley en ese sentido; autoriza la transacción que tiene que llevarse a cabo con la compañía del ferrocarril del sur y aprueba el contrato con Harmann, con lo que empieza esa obra extraordinaria del gobierno de Alfaro, la construcción del ferrocarril que unió a las dos grandes regiones del país; se expide la Ley Orgánica de Instrucción Pública; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley de Régimen Administrativo Interior, y, Ley de Registro Civil.
Durante la administración del general Leonidas Plaza Gutiérrez se expidieron varias leyes y decretos que hacían realidad las tesis sostenidas por el liberalismo en diversos campos. Así tenemos la Ley de Carrera Consular, Ley de Alcabalas, Ley de Aranceles y Derechos Judiciales, Código General de Policía, Ley de Consolidación de la Deuda Externa ; contrato sobre el ferrocarril Ambato al Curaray; aprobación del contrato con The Guayaquil & Quito Railway Company. Se crean fondos para la Escuela de Artes y Oficios en algunas provincias del país; se crea la Escuela de Agronomía, a fin de tecnificar la agricultura; Ley sobre Jubilación de los Telegrafistas, Ley de Matrimonio Civil.
Los seguidores del ex presidente Eloy Alfaro ven con malos ojos la elección del señor Lizardo García, patrocinado por el Presidente Leonidas Plaza. La oposición se vuelve beligerante y en Riobamba el 1 de enero de 1906 estalla el movimiento revolucionario que luego de la acción de armas de Chasqui permiten la entrada de Eloy Alfaro en Quito, como nuevo Jefe Supremo del país, quien convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que se reúne en Quito el 10 de octubre de 1906 presidida por el doctor Carlos Freile Zaldumbide y termina su gestión el 9 de febrero del siguiente año. Concurren a esta Asamblea, entre otros, Abelardo Moncayo, Rafael Arellano, Juan Navarro, Luciano Corral, Roberto Andrade, Belisario Quevedo, Juan Benigno Vela, Celiano Monge, José Peralta, José María Ayora y Flavio Alfaro.
El 23 de diciembre de 1906 la Asamblea expide la duodécima. Constitución de la República que será conocida como la Carta Liberal , ya que introduce algunas aspiraciones sostenidas por Eloy Alfaro y los suyos. Establece que para ser ciudadano se debe tener 21 años y saber leer y escribir, mientras que en la de 1896-1897 solo se requería 18 años. La parte de las Garantías Constitucionales, se basa en el respeto a la persona humana, como la inviolabilidad a la vida, la libertad personal, el derecho de propiedad y las libertades que le permitan desarrollarse como persona humana . Esta Constitución prohíbe la imposición de contribuciones sin existir ley que lo faculte, no reconoce empleos hereditarios, mayorazgos y vinculaciones; prevé la libertad de enseñanza al ordenar que la educación oficial o la municipal son seglares y laicas, dispónese también que la enseñanza primaria y la de artes y oficios sean gratuitas y declara como derecho del padre, la libertad de tomar el tipo de enseñanza que el padre deseare.
El Congreso está formado por dos cámaras la del Senado y la de Diputados; el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República y no existe Vicepresidente. Estableciéndose un orden de sucesión en caso de ausencia del Titular en los Presidentes y Vicepresidentes de las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia y Cortes Superiores y demás Tribunales que constituyen el Poder Judicial.
Se suprime la religión del estado existente en las constituyentes anteriores, por consiguiente establece la separación entre los credos religiosos y el Estado, nace así el laicismo estatal.
La Constitución tuvo vigencia hasta la Revolución Juliana de 1925, pese a los diferentes movimientos revolucionarios que aparecen durante este largo período y que en algunos casos tienen extrema gravedad como la de 1912, con los sangrientos combates de Huigra, Yaguachi y Naranjito o la revolución de Concha en Esmeraldas.
Durante este largo período se expiden algunas leyes, muchas de ellas de importancia social como la reforma al Código de Procedimiento Civil, en el año 1918, por la cual se suprime la prisión por deudas y, con ello, se elimina una institución odiosa en nuestro derecho, el Concertaje; y, la Ley de Beneficencia que permite a las Juntas de Beneficencia utilizar los fondos de las propiedades que pertenecían a las comunidades religiosas para atender la salud del pueblo entre otras cosas.
También se dictaron las Leyes de Aduanas; de Fomento Agrícola e Industrial, regula el uso de las aguas en diferentes cantones y provee de agua potable; Arancelaria de Aduanas; la que reglamenta las horas de trabajo para jornaleros, obreros y dependientes; de Boticas y Droguerías; de Emancipación Económica de la Mujer Casada ; Código Penal Militar, Ley del Comercio del Opio, Ley que Establece el Divorcio, Ley sobre Yacimientos o Depósitos de Hidrocarburos y Ley de Accidentes de Trabajo.
En el período analizado se presentaron tres acusaciones contra altos funcionarios y mandatarios: en 1906 contra el General Eloy Alfaro; en 1912 contra el General Juan Francisco Navarro, Ministro de Guerra y en 1919 contra el ex encargado del Poder Carlos Freile Zaldumbide; y, los Ministros de Estado Carlos Tobar, Octavio Díaz, Carlos Rendón Pérez y Federico Intriago (por los acontecimientos que ocasionaron la muerte del General Eloy Alfaro), Medardo Alfaro, Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Luciano Corral, Manuel Serrano y Belisario Torres, esta acusación es conocida en la Cámara de Diputados el 16 de octubre de 1919. Fueron absueltos Carlos Freile Zaldumbide, Federico Intriago y Juan F. Navarro, mientras que contra el señor Octavio Díaz se declaró que sí hay lugar.
Se encargó la Jefatura Suprema del país a un distinguido médico lojano, don Isidro Ayora, quien convocó a una nueva Asamblea, que debía reunirse el 9 de octubre de 1928.
La Asamblea Nacional Constituyente, que se reunió en Quito el 9 de octubre de 1928 y terminó en junio 18 del siguiente año, expidió la Constitución en marzo 26 de 1929. Estuvo presidida por el doctor Agustín Cueva y concurrieron a ella entre otros: Alberto Acosta Soberón, Manuel María Sánchez, Aurelio Mosquera Narváez, Pedro Leopoldo Núñez, Remigio Crespo Toral y Carlos Cueva Tamariz personalidades que sobresalieron en nuestras vidas política y cultura. Entre ellos encontramos a un próximo Presidente de la República.
Esta Constitución, por primera vez, establece, en forma expresa, la ciudadanía de la mujer, dándole la posibilidad de intervenir en la política y en las cosas del gobierno; faculta al Congreso en Pleno designar al Contralor y Subcontralor General, Procurador General de la Nación , Superintendente de Bancos; crea el voto de desconfianza cuando se trata de juzgar la acción de los Ministros de Estado, antes existía solo el de censura (esta innovación fue muy utilizada durante la época del Presidente Martínez Mera), lo que produjo su desestabilización; crea la Representación Funcional para las actividades más importantes del país; aumenta, en la parte dogmática, algunas garantías como el hábeas corpus, el derecho a la propiedad sometida a la necesidad y al progreso social; el Estado es propietario de los minerales o sustancias que son distintas de los componentes de los terrenos; prohíbe los monopolios de los particulares; ampara al trabajo y al trabajador e igualmente a la familia; determina el derecho de los hijos legítimos y la asistencia de salud a los menos favorecidos.
Como hechos sobresalientes de la Función Legislativa en la década de los 30, consta la acusación contra el ex Presidente de la República , Isidro Ayora, en 1931; en este mismo año se presenta otra acusación contra el coronel Luis A. Larrea Alba; en 1932 el Congreso escruta los resultados de las elecciones y el 19 de agosto de ese año resuelve descalificar al ganador, Neptalí Bonifaz, por considerarlo que no nació en nuestra Patria.
Se produce un levantamiento militar que es conocido como la "Batalla de los Cuatro Días", a favor de Neptalí Bonifaz, pero fracasa ante las unidades leales al Congreso y al Presidente de la República. Otro hecho destacado constituye la acusación contra Juan de Dios Martínez Mera, que termina con su destitución como Presidente.
El doctor José María Velasco Ibarra, que se había distinguido en los Congresos de los años 1932 y 1933, fue designado por votación popular Presidente de la República , pero la situación virulenta que se presento entre el Congreso y el Ejecutivo especialmente el mes de agosto de 1935, tentó al Presidente para disolver el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente, por considerar a la constitución de 1928 y 1929 como no apta para gobernar el país en forma ordenada y progresista, intención que no fue respaldada por el Ejército y se produjo su caída del poder.
El doctor Antonio Pons lo reemplazó de acuerdo con la Constitución vigente y él, a su vez, encargó el Poder Supremo al ingeniero Federico Páez, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Éste convoco a una Asamblea Constituyente, presidida por Alberto Donoso, funcionó desde el 27 de agosto hasta el 23 de octubre de ese año. Estuvo conformada, en su gran mayoría, por amigos de confianza del ex dictador, que fuera nombrado Presidente Interino. La Asamblea no pudo realizar ninguna obra, ni dictar constitución alguna, pues fue disuelta por el General Alberto Enríquez, quien a su vez convocó a otra Asamblea que se inició en agosto 10 de 1938 y terminó en diciembre 14 de 1938 al ser disuelta por el presidente elegido por esta Asamblea, doctor Aurelio Mosquera Narváez. Alcanzó a expedir una constitución el 2 de diciembre de ese año, pero solo tuvo una vida perentoria de doce días, ya que se alegó que no tenía las firmas de los signatarios de la Asamblea , que fue presidida por el doctor Francisco Arízaga Luque.
El Presidente Mosquera Narváez convocó a un Congreso Extraordinario que se reunió el 1 de febrero de 1939, el que aprobó una resolución por la que ponía en vigencia la Constitución de 1906 y 1907, basando su decisión, en que esta Carta Fundamental estuvo vigente en los diversos gobiernos de facto y en las asambleas constituyentes convocadas por ellos y que la Constitución de 1938 no estaba legalizada.
En este largo período se dictan las Leyes de Compañías de Seguros; sobre Desincautación parcial de Giros; sobre contratos de arrendamientos de terreno para siembra en el Litoral; de consolidación de la deuda pública externa; sobre Habeas Corpus; Orgánica de Hacienda, Orgánica Militar; sobre Turismo; Código Civil (edición de 1930), de Patrimonio Familiar; normas sobre juicios de arbitraje y repartición; de Extranjería, Extradición y Naturalización; y, de Inquilinato.
Los diversos acontecimientos políticos y aún internacionales que sucedieron durante la administración del doctor Carlos Arroyo del Río, produjeron grandes odios contra ese régimen y el 28 de mayo de 1944 la guarnición militar de la ciudad de Guayaquil, con la ayuda del pueblo, atacó al cuartel de policía., el que fue tomado y destruido. Estos hechos se produjeron en algunas ciudades del país obligando a renunciar al Presidente de la República , que fue reemplazado por el doctor José María Velasco Ibarra desde el 1 de junio de 1944, mandatario que durante su administración convocó a dos Asambleas, la primera, presidida por el doctor Francisco Arízaga Luque, se reunió en Quito en agosto 10 de 1944 y terminó sus funciones en marzo 10 de 1945. Cinco días antes de su terminación dictó la Carta Constitucional.
La Constitución de 1944 y 1945 es considerada por algunos tratadistas como una de las mejores del país. Reconoce además del castellano, el quichua y demás lenguas aborígenes; establece una cooperación con los estados iberoamericanos; la Función Legislativa estará formada por el Congreso Nacional y por lo mismo es unicameral se crea una Comisión Legislativa Permanente compuesta por el Presidente del Congreso, tres abogados representantes de las tendencias políticas, uno por la Corte Suprema , uno por los patronos, uno por la Confederación de Trabajadores del Ecuador y un economista; incluye al Ministerio Público, al Procurador General y a la Superintendencia de Bancos; se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, en reemplazo del Consejo de Estado. En la parte doctrinaria garantiza los derechos individuales, de la familia, de la educación y cultura, de la economía y del trabajo.
